Durante los últimos años, verlo a Raúl Juan Reynoso caminar por las calles de la ciudad de Salta no era una escena extraña. El exjuez federal de Orán, que supo tener en sus manos decisiones determinantes para personas investigadas por delitos federales, había vuelto a formar parte de la postal cotidiana de la capital provincial. Se lo podía encontrar en cafés céntricos, caminando sin apuro y vestido de manera informal: short, remera y, en ocasiones, una raqueta de tenis como parte de esa imagen de hombre que intentaba recuperar una rutina lejos de los tribunales y de la cárcel.
La historia de “Conejo” Martínez, el intendente narco que ahora es acusado de lavado de activosLa escena contrastaba con la historia judicial que arrastraba. Reynoso, el magistrado que durante años estuvo al frente del Juzgado Federal de Orán, había sido condenado por hechos de corrupción vinculados con el ejercicio de su función. Su nombre quedó asociado a una trama en la que, según se acreditó en uno de los procesos, se concedieron beneficios judiciales a cambio de dinero y se recurrió a documentación falsa para favorecer a personas investigadas. Entre ellas apareció Delfín Castedo, conocido como el Patrón del Norte, uno de los nombres más resonantes de las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos en la frontera salteña.
Ahora, aquella aparente normalidad quedó interrumpida. El jueves 15 de octubre, Reynoso volvió a quedar detenido, esta vez después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último planteo de su defensa y dejara firme una condena de cinco años de prisión. La decisión del máximo tribunal despejó el camino para que se ejecutara la sentencia dictada en el expediente conocido como “Reynoso II”.
La detención se concretó durante la tarde en el Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional, en Chachapoyas, Salta. El exmagistrado quedó alojado allí de manera transitoria, a la espera de que se le asigne un cupo en una unidad penitenciaria federal.
Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en MiamiLa orden fue impartida por el juez Jorge Chamia, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Salta, a pedido del fiscal general Carlos Martín Amad. La resolución llegó después de que los jueces de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazaran, el miércoles 14 de octubre, el recurso presentado por la defensa.
La condena que deberá cumplir es de cinco años de prisión por cohecho pasivo, en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión. También contempla una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la pena.
Pero el regreso de Reynoso a la cárcel no puede entenderse como un episodio aislado. Es el nuevo capítulo de un recorrido judicial que comenzó con las denuncias sobre el funcionamiento de su juzgado, continuó con una primera condena de 13 años de prisión y todavía tiene otra investigación abierta. En paralelo, aparece la historia de Castedo: un entramado de propiedades rurales, presuntas maniobras de lavado, investigaciones por narcotráfico y una condena por asociación ilícita y lavado de activos que puso bajo la lupa el poder económico acumulado por su clan en la frontera con Bolivia.
Desarticulan una red narco que distribuía cocaína en micros de larga distanciaLa causa Reynoso II: una indagatoria falsa para beneficiar a Delfín Castedo
El expediente que terminó con la condena de cinco años tiene uno de sus episodios centrales en una maniobra que, de acuerdo con lo acreditado durante el proceso, permitió construir una apariencia de legalidad alrededor de una presentación judicial que nunca había sido realizada por la persona que supuestamente la protagonizó.
El 5 de diciembre de 2013, Delfín Castedo se encontraba prófugo y tenía una orden de detención vinculada con la investigación por el asesinato de Liliana Ledesma, una productora rural de Salvador Mazza que había denunciado presuntas maniobras relacionadas con el cierre de un camino utilizado para conectar la localidad salteña con Bolivia.
En ese contexto, en el expediente judicial quedó asentada una declaración indagatoria como si Castedo hubiera comparecido ante el juzgado. Sin embargo, el hombre que se presentó no era él. Según se determinó en la investigación, un impostor ocupó su lugar y firmó la documentación con su nombre.
Narcotráfico: secuestraron más de 7 kilos de pasta base de cocaína ocultos en el filtro de aire de un camiónLa maniobra tenía una particularidad que terminó por exponer la falsedad de la presentación: el hombre no pudo responder cuáles eran los nombres de los padres de Castedo. El examen caligráfico realizado por Gendarmería Nacional también concluyó que la firma estampada en el documento no correspondía al acusado. Pese a las diligencias realizadas, el impostor no pudo ser identificado.
La cuestión no se limitó a la presencia de una persona que se hizo pasar por otra. La documentación falsa fue utilizada para producir consecuencias concretas dentro del expediente. A partir de aquella presentación, Reynoso concedió a Castedo una eximición de prisión y, en noviembre de 2014, resolvió procesarlo sin dictarle prisión preventiva.
De esa manera, mientras pesaban sobre él graves sospechas y se encontraba vigente una orden de detención, Castedo obtuvo decisiones judiciales que le permitieron permanecer fuera de la cárcel.
Otra de las condiciones que se le impusieron fue presentarse periódicamente ante una dependencia de la Policía Federal en Buenos Aires. Según la investigación, esa oficina ni siquiera existía. La obligación de comparecer funcionaba, así, como una exigencia formal que no representaba un control efectivo sobre el acusado.
Para los investigadores, la secuencia no fue producto de una simple irregularidad administrativa. La acusación sostuvo que los beneficios concedidos a Castedo estuvieron relacionados con el pago de una coima de 40.000 dólares, que habría sido gestionada a través del abogado Luciano Ciscato.
La causa permitió reconstruir, de acuerdo con la acusación y los hechos que terminaron en condena, un mecanismo en el que el expediente judicial fue utilizado para dar apariencia de legalidad a decisiones que beneficiaban a una persona que debía responder ante la Justicia.
En el mismo juicio, Castedo fue condenado a tres años de prisión por cohecho activo y su participación en la falsificación. Ciscato recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso.
La condena de Reynoso no se agotó en el episodio de la falsa indagatoria. El tribunal también tuvo en cuenta otro hecho vinculado con un comerciante, Pablo Elías Torres, a quien el entonces juez le habría exigido dinero a cambio de concederle medidas judiciales que le permitieran importar mercadería eludiendo restricciones aduaneras.
La investigación estableció, además, que Reynoso habría exigido el equivalente al 5% de las ganancias para una fundación presidida por su cuñado. Ese punto formó parte de los hechos por los que recibió la condena en esta causa.
El expediente describió así una forma de actuar que excedía una decisión judicial cuestionable: el uso de la autoridad del cargo para obtener beneficios económicos y favorecer intereses particulares.
La primera condena: 13 años por cobrar para torcer decisiones judiciales
La condena de cinco años no fue la primera que llevó a Reynoso a prisión. Antes había sido juzgado en una causa conocida como “Reynoso I”, en la que se investigaron distintas maniobras de corrupción cometidas durante su desempeño como juez federal de Orán.
El 26 de marzo de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Salta lo condenó a 13 años de prisión por siete hechos de concusión, en concurso ideal con seis hechos de prevaricato.
La concusión refiere, en términos generales, a la exigencia de dinero o beneficios indebidos por parte de un funcionario que se vale de su cargo. El prevaricato, por su parte, se relaciona con el dictado de resoluciones contrarias a la ley. En el caso de Reynoso, la condena dejó asentada la responsabilidad penal que se le atribuyó por una serie de episodios en los que el ejercicio de la función judicial quedó asociado a pedidos de dinero y decisiones ilegales.
La sentencia también alcanzó a otros abogados vinculados con el expediente. María Elena Esper recibió una pena de diez años y seis meses de prisión, mientras que Ramón Antonio Valor fue condenado a cuatro años. Arsenio Eladio Gaona, abogado y cuñado de Reynoso, se fugó durante el juicio.
La sentencia de 2019 atravesó distintas instancias de revisión hasta quedar firme en marzo de 2024, después de la intervención de la Corte Suprema. Para entonces, Reynoso ya había pasado más de ocho años privado de la libertad, entre su alojamiento en la cárcel de General Güemes y un período de arresto domiciliario.
En 2024 obtuvo la libertad condicional. Esa situación permitió que volviera a transitar las calles de Salta y recuperara parte de su vida cotidiana, aunque la condena de cinco años que ahora quedó firme volvió a modificar su situación judicial.
La imagen del exjuez en los cafés céntricos, con ropa deportiva y una raqueta de tenis, convivía así con un dato decisivo: todavía había un proceso penal que podía devolverlo a prisión. La resolución de la Corte terminó de cerrar esa posibilidad de demora en la causa Reynoso II.
¿Puede recibir una pena única de 18 años?
La nueva detención abrió otro frente judicial: la unificación de las condenas.
El fiscal general Carlos Martín Amad solicitó que se imponga a Reynoso una pena única de 18 años de prisión, resultado de sumar aritméticamente los 13 años de la primera condena y los cinco de la segunda.
El planteo se apoya en la Ley 27.785, que modificó el artículo 58 del Código Penal y que, según la interpretación invocada por la fiscalía, permite solicitar una unificación bajo ese criterio.
Sin embargo, los 18 años todavía no constituyen una condena única firme. Se trata de un pedido del Ministerio Público Fiscal que debe ser resuelto por los tribunales correspondientes. El Tribunal Oral Federal N.º 2 remitió las actuaciones al Tribunal Oral Federal N.º 1 para que intervenga en el trámite de unificación.
Por ahora, la detención de Reynoso se ejecuta por la condena de cinco años que quedó firme en la causa Reynoso II.
Reynoso III: la investigación por un presunto pago de 150.000 dólares
El recorrido judicial del exjuez tampoco termina en las dos condenas. Hay una tercera investigación, conocida como “Reynoso III”, vinculada con la causa Molina-Alemán y Arancibia, en la que todavía debe responder por hechos que no tienen una sentencia condenatoria en su contra.
Uno de los testimonios que alimentó la investigación fue el de Barakat Barakat, un financista de origen sirio radicado en Salvador Mazza que declaró como testigo colaborador. Según su relato, habría participado en una operación destinada a pagar 150.000 dólares para obtener beneficios judiciales para René Antonio “Choco” Arancibia y Federico Rojas.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, 130.000 dólares habrían estado destinados a Reynoso y otros 20.000 al entonces fiscal federal José Luis Bruno. El objetivo habría sido evitar que se apelara una resolución favorable a los involucrados. La intermediación habría estado a cargo del abogado Arsenio Eladio Gaona.
La investigación también alcanzó a Bruno, quien recibió una condena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación por prevaricato, mediante un acuerdo de juicio abreviado. La acusación por cohecho fue retirada en ese trámite.
Reynoso cuestionó el acuerdo alcanzado por Bruno. Sin embargo, el 10 de septiembre de 2026, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo que había presentado contra esa resolución.
Delfín Castedo, el “Patrón del Norte”: tierras, dinero y poder en la frontera
Durante más de dos décadas, su nombre apenas resonó en las portadas de los diarios del país. Mientras otros cabecillas narco ostentaban lujos o caían en violentos enfrentamientos de bandas, Reynaldo Delfín Castedo operaba desde las sombras. Sin embargo, detrás de la fachada de un próspero productor agropecuario de la frontera salteña, los tribunales federales terminaron por desenmascarar al cerebro detractor de una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más complejas de la historia criminal argentina.
El engranaje del clan Castedo no comenzó en las grandes urbes, sino en el departamento de San Martín, en el extremo norte de Salta. Allí, Castedo adquirió dos fincas colindantes que sumaban más de 28.000 hectáreas: "El Pajeal" y "El Aybal".
La ubicación no era casual. Los terrenos limitaban directamente con Bolivia, convirtiendo el límite internacional en una propiedad privada. El clan no necesitaba evadir los pasos fronterizos de la Gendarmería Nacional ni arriesgarse en puestos de control; simplemente abrieron portones internos por los que transitaban camionetas cargadas de clorhidrato de cocaína proveniente del país vecino. De acuerdo con las investigaciones judiciales, la droga se acopiaba en la finca y luego se distribuía hacia grandes centros urbanos o puerto seguro para su exportación a Europa.
El crimen que rompió el silencio
Durante años, la influencia del "Patrón del Norte" permaneció casi intocable. Todo cambió en julio de 2006 con el asesinato de Liliana Ledesma, una pequeña productora rural de la zona de Salvador Mazza.
Ledesma había denunciado públicamente que el clan Castedo —en complicidad con sectores del poder político local— había cerrado caminos comunales con portones de hierro para bloquear el paso de los pobladores y asegurar el libre tránsito del narcotráfico. Días después de sus denuncias, la mujer fue emboscada en un pasaje oscuro y masacrada a puñaladas. El ensañamiento no dejó dudas sobre el mensaje mafioso: los asesinos le cortaron los labios de arriba a abajo, en un claro acto de adoctrinamiento contra quienes se atrevieran a romper la "omertà".
El homicidio sacudió a las esferas provinciales y nacionales. Aunque la justicia responsabilizó al clan, Delfín Castedo logró escapar antes de ser capturado, iniciando un periodo de diez años en la clandestinidad.
Durante un decenio, Castedo fue un fantasma para las fuerzas de seguridad. Cambiaba constantemente de domicilio, utilizaba documentos falsos y manejaba sus negocios a través de su hermano, Raúl "Ula" Castedo, y de una red de prestanombres e ingenieros financieros. Su esposa, Roxana Raquel Bandrowsky, jugaba un rol fundamental en la estructura administrativa encargada de blanquear las ganancias ilícitas mediante la compra de campos, vehículos de alta gama y ganado.
La impunidad de Castedo no habría sido posible sin el amparo directo del entonces titular del Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Juan Reynoso. La relación entre el "Patrón del Norte" y el magistrado —quien paradójicamente era presentado públicamente como un baluarte contra el narcotráfico— se tejió sobre una trama sistemática de coimas, protecciones y falsificaciones de actos judiciales para mantener al capo fuera del alcance de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el círculo se fue cerrando. La División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina y la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) rastrearon las comunicaciones del entorno del capo fugitivo.
El 22 de septiembre de 2016, la fuga llegó a su fin. Los agentes federales lo interceptaron mientras circulaba en una camioneta en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Portaba un documento falso a nombre de un tercero, pero sus huellas dactilares terminaron con el mito de su invisibilidad.
En octubre de 2022, tras un extenso proceso judicial en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, llegó la sentencia definitiva. Delfín Castedo fue condenado a 16 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. Sus principales allegados, entre ellos su hermano y su esposa, recibieron penas de entre 7 y 9 años de cárcel. Además, la justicia dispuso el decomiso histórico de las fincas fronterizas para que regresen al dominio del Estado.